martes, 21 de agosto de 2007
OTRA RESEÑA DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ACERCA DE CÓMO REPERCUTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPO DE GOLF
Los campos de golf: tapadera del negocio inmobiliario
La Rioja Mayo de 2006
Asistimos a una creciente proliferación de proyectos de campos de golf en La Rioja (Haro, Calahorra, Valgañón, Torrecilla...) que se unen a los ya existentes (Sojuela, Cirueña y Logroño) y que, irremediablemente, van unidos a la construcción de grandes urbanizaciones, salvo en el caso de este último de carácter municipal.
Y más allá de los posibles impactos ecológicos de los propios campos de golf, quizás relativizados en la medida en que, generalmente, transforman terrenos agrícolas en praderas de regadío, lo preocupante de este fenómeno son las consecuencias que las macrourbanizaciones asociadas a ellos pueden tener sobre los municipios afectados.
En primer lugar, estos proyectos suelen localizarse en áreas separadas de los núcleos urbanos existentes, por lo que, automáticamente, provocan la creación de nuevos núcleos de población y, en consecuencia, impactan intensamente sobre la estructura urbana del municipio y su modo de vida habitual. En segundo lugar, el volumen de viviendas a construir desborda lo que puede considerarse como un crecimiento racional del municipio afectado. Cerca de 1.500 viviendas con 5.000 nuevos habitantes en el caso de Haro para una población en torno a los 10.700, o más de 1.000 nuevas viviendas en Calahorra, por no hablar de los casos de Sojuela o Cirueña con macrourbanizaciones levantadas en pueblos pequeños. En Sojuela, con 100 vecinos censados, se están construyendo cerca de 1.000 viviendas, que, previsiblemente, dispararán su población por encima de los 3.000 habitantes.
Se intenta vender siempre estos proyectos como necesarios para el futuro del municipio cuando lo más probable es que, una vez ocupadas las viviendas, los habitantes de estos nuevos núcleos hagan una vida totalmente al margen del centro urbano. Por que además su separación del núcleo urbano y de las vías principales de comunicación crearán problemas de accesibilidad para los nuevos inquilinos que, evidentemente, no se prevén inicialmente, véase por ejemplo la autopista AP-68 a modo de barrera entre la macrourbanización y las localidades de Calahorra y Haro.
A nadie se le escapa el impacto social que puede llegar a producirse cuando estas urbanizaciones se ocupen y una parte de sus inquilinos se empadronen, lo que puede llevar a desplazamientos en los centros de decisión municipal. ¿Cuánto tiempo se tardará en que la alcaldía de Sojuela o Cirueña sea asumida por alguna persona censada en el complejo del campo de golf que vive realmente en cualquier otro sitio y con intereses posiblemente alejados de los del pueblo?
En el caso de municipios importantes, véase Haro y Calahorra, se plantean estos proyectos como un aliciente más para su desarrollo turístico, pero lo que podría ser un recurso más para su atractivo comienza a desmontarse cuando la mayor parte de sus usuarios no van a vivir en el propio núcleo urbano en detrimento del sector servicios que se pretende fomentar. Suponemos que el consistorio jarrero, por poner un ejemplo, tendrá prevista la construcción de multitud de aparcamientos en el casco urbano para que los que vivan en Atamauri puedan coger sus coches y pasar la tarde por Haro. ¿No sería más lógico plantear esos crecimientos urbanos en las zonas próximas al suelo urbano en donde resulta más fácil su relación con el municipio y un mayor beneficio para el turismo local?
En definitiva, estos proyectos tratan de venderse como campos de golf -el último grito en la oferta turística- cuando su única función es servir de tapadera para unos crecimientos urbanísticos desmesurados para la población existente y que, además, acaban implicando a las administraciones municipales y autonómicas para que, en mayor o menor grado, acaben asumiendo parte de los costes de las infraestructuras públicas que necesitan (accesos, abastecimiento de aguas, etc.). Algo así como beneficios privados pero con costes públicos mediante una hiperinflación de campos de golf que a nadie le importa, porque el negocio consiste en vender viviendas y especular con terrenos que se compran a precios agrícolas y se venden a precios de urbanización.
Sería menos engañoso llamar a las cosas por su nombre y plantear que se quieren construir cientos de viviendas en el municipio en lugar de disfrazarlas de modificaciones puntuales del Plan General para la construcción de un campo de golf cuando de lo que se trata es de una auténtica revisión de su planeamiento urbanístico. Como ejemplo podría citarse el caso de Nalda donde en un municipio con unos 1.000 habitantes censados se pretende construir varias urbanizaciones separadas del pueblo y al otro lado del Iregua que pueden llegar a acoger más de 3.000 personas.
De este modo, La Rioja, que se había librado de la proliferación de urbanizaciones aisladas en el medio rural manteniendo unos crecimientos urbanos apoyados e integrados en los núcleos existentes y conservando sus paisajes agrarios, se encamina inexorablemente hacia un modelo territorial desequilibrado con grandes núcleos artificiales de población desconectados de las localidades tradicionales. Nos acercamos de este modo al modelo urbanístico de la Costa de Levante con la creación de nuevos pueblos del estilo de “Moncalvillo Green” o de “Atamauri Village”. Estas macrourbanizaciones acabarán generando considerables impactos ecológicos, paisajísticos y sociales que nos alejan de un desarrollo territorial equilibrado y desbaratan, por supuesto, el atractivo de un turismo de futuro integrado en el entorno natural y en el patrimonio rural y urbano.
La Rioja Mayo de 2006
Asistimos a una creciente proliferación de proyectos de campos de golf en La Rioja (Haro, Calahorra, Valgañón, Torrecilla...) que se unen a los ya existentes (Sojuela, Cirueña y Logroño) y que, irremediablemente, van unidos a la construcción de grandes urbanizaciones, salvo en el caso de este último de carácter municipal.
Y más allá de los posibles impactos ecológicos de los propios campos de golf, quizás relativizados en la medida en que, generalmente, transforman terrenos agrícolas en praderas de regadío, lo preocupante de este fenómeno son las consecuencias que las macrourbanizaciones asociadas a ellos pueden tener sobre los municipios afectados.
En primer lugar, estos proyectos suelen localizarse en áreas separadas de los núcleos urbanos existentes, por lo que, automáticamente, provocan la creación de nuevos núcleos de población y, en consecuencia, impactan intensamente sobre la estructura urbana del municipio y su modo de vida habitual. En segundo lugar, el volumen de viviendas a construir desborda lo que puede considerarse como un crecimiento racional del municipio afectado. Cerca de 1.500 viviendas con 5.000 nuevos habitantes en el caso de Haro para una población en torno a los 10.700, o más de 1.000 nuevas viviendas en Calahorra, por no hablar de los casos de Sojuela o Cirueña con macrourbanizaciones levantadas en pueblos pequeños. En Sojuela, con 100 vecinos censados, se están construyendo cerca de 1.000 viviendas, que, previsiblemente, dispararán su población por encima de los 3.000 habitantes.
Se intenta vender siempre estos proyectos como necesarios para el futuro del municipio cuando lo más probable es que, una vez ocupadas las viviendas, los habitantes de estos nuevos núcleos hagan una vida totalmente al margen del centro urbano. Por que además su separación del núcleo urbano y de las vías principales de comunicación crearán problemas de accesibilidad para los nuevos inquilinos que, evidentemente, no se prevén inicialmente, véase por ejemplo la autopista AP-68 a modo de barrera entre la macrourbanización y las localidades de Calahorra y Haro.
A nadie se le escapa el impacto social que puede llegar a producirse cuando estas urbanizaciones se ocupen y una parte de sus inquilinos se empadronen, lo que puede llevar a desplazamientos en los centros de decisión municipal. ¿Cuánto tiempo se tardará en que la alcaldía de Sojuela o Cirueña sea asumida por alguna persona censada en el complejo del campo de golf que vive realmente en cualquier otro sitio y con intereses posiblemente alejados de los del pueblo?
En el caso de municipios importantes, véase Haro y Calahorra, se plantean estos proyectos como un aliciente más para su desarrollo turístico, pero lo que podría ser un recurso más para su atractivo comienza a desmontarse cuando la mayor parte de sus usuarios no van a vivir en el propio núcleo urbano en detrimento del sector servicios que se pretende fomentar. Suponemos que el consistorio jarrero, por poner un ejemplo, tendrá prevista la construcción de multitud de aparcamientos en el casco urbano para que los que vivan en Atamauri puedan coger sus coches y pasar la tarde por Haro. ¿No sería más lógico plantear esos crecimientos urbanos en las zonas próximas al suelo urbano en donde resulta más fácil su relación con el municipio y un mayor beneficio para el turismo local?
En definitiva, estos proyectos tratan de venderse como campos de golf -el último grito en la oferta turística- cuando su única función es servir de tapadera para unos crecimientos urbanísticos desmesurados para la población existente y que, además, acaban implicando a las administraciones municipales y autonómicas para que, en mayor o menor grado, acaben asumiendo parte de los costes de las infraestructuras públicas que necesitan (accesos, abastecimiento de aguas, etc.). Algo así como beneficios privados pero con costes públicos mediante una hiperinflación de campos de golf que a nadie le importa, porque el negocio consiste en vender viviendas y especular con terrenos que se compran a precios agrícolas y se venden a precios de urbanización.
Sería menos engañoso llamar a las cosas por su nombre y plantear que se quieren construir cientos de viviendas en el municipio en lugar de disfrazarlas de modificaciones puntuales del Plan General para la construcción de un campo de golf cuando de lo que se trata es de una auténtica revisión de su planeamiento urbanístico. Como ejemplo podría citarse el caso de Nalda donde en un municipio con unos 1.000 habitantes censados se pretende construir varias urbanizaciones separadas del pueblo y al otro lado del Iregua que pueden llegar a acoger más de 3.000 personas.
De este modo, La Rioja, que se había librado de la proliferación de urbanizaciones aisladas en el medio rural manteniendo unos crecimientos urbanos apoyados e integrados en los núcleos existentes y conservando sus paisajes agrarios, se encamina inexorablemente hacia un modelo territorial desequilibrado con grandes núcleos artificiales de población desconectados de las localidades tradicionales. Nos acercamos de este modo al modelo urbanístico de la Costa de Levante con la creación de nuevos pueblos del estilo de “Moncalvillo Green” o de “Atamauri Village”. Estas macrourbanizaciones acabarán generando considerables impactos ecológicos, paisajísticos y sociales que nos alejan de un desarrollo territorial equilibrado y desbaratan, por supuesto, el atractivo de un turismo de futuro integrado en el entorno natural y en el patrimonio rural y urbano.
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